Padres de familia del Jardín de Niños «José Rosas Moreno» que se ubica en la Providencia en Mineral de la Reforma, denunciaron un presunto abuso sexual en contra de uno de los menores. Acusan que la directora encubrió los hechos, por ello fue destituida y sujeta a investigación penal.
Trascendió que la directora del plantel, Judith Martínez Reyes, tuvo que ser «sacada escoltada» por la policía investigadora, luego que los padres de familia intentaban agredirla por “intentar proteger al agresor”.
Santiago Nieto, responsable del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), fue el encargado de llevar a la maestra a la instancia estatal para que declare por los hechos registrados al interior del plantel educativo.
Por su parte, los familiares de los menores acusaron que las autoridades educativas no han realizado ninguna acción pese a conocer del ataque sexual, lo mismo que la Secretaria de Educación Pública de Hidalgo, que apenas se «arrimó» hoy luego de conocer que los padres de familia darían una conferencia de prensa a las puertas del Kínder.
“Somos víctimas del dolor y nos tratan peor que a delincuentes”, señalaron a Nieto Castillo, quien, tras escuchar los testimonios, comprometió presionar para que se agilice la recolección de pruebas y se tengan los resultados de los exámenes psicológicos y médicos aplicados.
Además, refirió que al infante se practicaría el protocolo de la herramienta Antenas, un instrumento que ayudaría a obtener información sobre los hechos y el presunto agresor, debido a que en este momento el menor no ha pormenorizado sobre lo que sucedió, lo cual atribuyen sus familiares a la tristeza y temor generados tras un suceso traumático.
Con estos elementos, más los que se agreguen a la carpeta que se integra por el delito de abuso sexual, estarían en posibilidad de solicitar que se libere o liberen las órdenes de aprehensión correspondientes, aseguró el procurador interino. Asimismo, precisó que este ilícito amerita prisión preventiva oficiosa.
De igual forma, los padres y madres exigieron revisar las videocámaras al interior de la escuela que, mencionaron, deben estar vinculadas al Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH), y cuyo contenido, agregaron, no ha sido puesto a disposición de la autoridad, por lo que también temieron que se eliminara evidencia.
“A cierta edad, niños pequeños, en edades de prescolar, cognitivamente no tienen esa soltura y esa confianza para poder explicar lo que sucedió, pero la herramienta Antenas fue espacialmente diseñada para este tipo de circunstancias”, explicaron trabajadores de la PGJEH que acompañaron a Nieto Castillo durante el diálogo que se estableció en la vía pública con las decenas de manifestantes.
Los tutores de los infantes reclamaron que los sucesos ocurrieron desde el pasado martes y, aunque afirman que las autoridades estaban enteradas, no actuaron ni notificaron a la comunidad escolar, por lo que los menores continuaron con clases normales, hasta que internamente se difundieron los hechos por parte de la mesa de padres de familia, por la falta de apoyo oficial.
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