Corrupción y negligencia por parte de la Contraloría de Pachuca y del departamento legal, ha imputado a la regidora independiente de la capital hidalguense, Olivia López Villagrán, por abusar de su inhabilitación por un período de un año y cuatro meses con su cargo en el cabildo. ; Asimismo, en esta situación en la que se debe pagar su salario por la labor, el Tribunal de Justicia Administrativa calificó su despido como una “sanción injustificada”.
Esto, detalló, derivado del resolutivo definitivo que dictó la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo el pasado 11 de agosto de 2022, en el que se confirmó que la suspensión del cargo de regidora fue indebida; por lo cual demandó en la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaría del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto, efectuada este jueves 18 de agosto, se finquen responsabilidades contra los servidores públicos involucrados, los titulares de ambas dependencias municipales.
La asambleísta independiente recordó que fue inhabilitada de su cargo bajo la acusación de no haber presentado su declaración patrimonial en tiempo y forma, a través del Procedimiento Administrativo PRA/05/2021, lo cual ocurrió el nueve de abril de 2021; por ello, inició un procedimiento administrativo para controvertir el acuerdo PRA/05/2021, ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo, conformándose el expediente 70/2021. El 11 de noviembre de ese año, el referido tribunal dictó la resolución definitiva en la que “se declara la nulidad del procedimiento PRA/05/2021”, por lo que se ordenó dejar sin efectos la sanción que se le impuso a la regidora.
El ayuntamiento de Pachuca quedó obligado a restituir a López Villagrán al cargo de regidora, así como el pago de las percepciones económicas desde la fecha en que fue sancionada, “pese a ello, en lugar de dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal, la directora de responsabilidades de la Contraloría Municipal, Nain Martínez Salinas, interpuso el 10 de diciembre de 2021 un recurso de revisión en contra de la sentencia dictada (107/2021)”. Sin embargo, el pasado miércoles, se le notificó a la asambleísta el veredicto de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo, dictada el 11 de agosto de 2022; dentro del cual en su punto segundo dice: “se confirma la sentencia definitiva de 11 de noviembre de 2021, dictada en el expediente administrativo 70/2021, es decir, se valida la nulidad ordenada del procedimiento PRA/05/2021 que inició el municipio contra la regidora”.
Durante la sesión, López Villagrán consideró, “el actuar de la Secretaría de la Contraloría y su Dirección Jurídica, maquinaron un procedimiento administrativo para aplicarme una sanción indebida, que les es anulada; además, se interpuso un recurso frívolo, sabedores de su improcedencia lo que tomó un año cuatro meses, tiempo del que se me deberá pagar el total de mis percepciones. Resulta irónico ya que, siendo la Contraloría quien debe cuidar los recursos del municipio, en lugar de acatar la resolución del 11 de noviembre del 2021, se decida prolongar el juicio por ocho meses más, lo que resulta un acto de corrupción. Por la incompetencia de sus áreas, se me pagarán percepciones que yo no he devengado, y dinero de los ciudadanos a quienes nos debemos y a quienes tenemos obligación de informar el uso que se da a sus contribuciones”.
Por lo anterior, pidió se finquen responsabilidades a los servidores públicos involucrados “pues al actuar con negligencia y cometer actos de corrupción, deterioran la imagen de usted (el presidente municipal Sergio Baños Rubio) y del ayuntamiento. Tomando en cuenta que, tener gente incompetente y corrupta en su administración que le genere gastos y daños innecesarios a la presidencia, también es un acto de corrupción”, concluyó.
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