El Gobierno de Hidalgo presentó una denuncia contra la plataforma de transporte Uber ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), luego de que comenzara a ofrecer viajes en Pachuca sin contar con la autorización estatal correspondiente.
La secretaria de Movilidad y Transporte, Lyzbeth Robles Gutiérrez, confirmó que la querella fue promovida por el Poder Ejecutivo a través de la Coordinación General Jurídica. Sin embargo, no precisó el número de expediente ni los posibles delitos señalados en la investigación.
La funcionaria explicó que la legislación vigente establece que los servicios de transporte de pasajeros requieren autorización estatal para operar. Por ello, advirtió que los conductores que presten servicios sin cumplir con las disposiciones podrían enfrentar sanciones administrativas, entre ellas multas y el envío de sus vehículos al corralón.
Durante su comparecencia ante el Congreso local, Robles Gutiérrez informó que se habían aplicado 50 infracciones a unidades vinculadas con servicios de transporte contratados mediante plataformas digitales o redes sociales. También reportó que 129 vehículos habían sido enviados al depósito por distintas irregularidades relacionadas con el transporte no autorizado, aunque aclaró que estas cifras no correspondían exclusivamente a Uber.
En cuanto a la posibilidad de modificar la legislación estatal, la secretaria señaló que existe disposición para escuchar propuestas de empresarios, transportistas y ciudadanos sobre la regulación de las plataformas digitales. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo había planteado establecer una mesa técnica para revisar las normas y explorar alternativas que permitan ampliar las opciones de movilidad.
No obstante, la funcionaria aclaró que cualquier reforma tendría que ser aprobada por el Congreso estatal, mientras que el Poder Ejecutivo debía continuar aplicando la normativa vigente.
Asimismo, indicó que la llegada de plataformas digitales no resolvería por sí sola los problemas de movilidad en Hidalgo, debido a que también se requiere mejorar la infraestructura urbana y fortalecer las condiciones para el transporte público, los peatones y los ciclistas.
Hasta el momento, el gobierno estatal no había sostenido un acercamiento formal con representantes acreditados de Uber para resolver su situación. La denuncia continuaría su curso ante la Procuraduría, mientras permanecía abierta la discusión sobre posibles cambios legales para regular este tipo de servicios en la entidad.
