El Gobierno de Hidalgo ha presentado 97 denuncias penales por presuntos actos de corrupción, relacionadas con recursos por aproximadamente 2 mil 400 millones de pesos, durante los primeros cuatro años de la administración estatal encabezada por Julio Menchaca Salazar. Así lo informó Álvaro Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de Contraloría, al dar a conocer los resultados de las acciones de fiscalización e investigación.
Durante una conferencia de prensa, el funcionario explicó que 42 de las denuncias involucran a proveedores y exservidores públicos vinculados con siete dependencias estatales, tres organismos y 10 municipios. Los expedientes fueron presentados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) para que se investiguen las posibles irregularidades y se determinen las responsabilidades correspondientes.
Bardales señaló que, de acuerdo con los registros de la dependencia, Hidalgo ocupa el primer lugar nacional en número de denuncias penales por hechos de corrupción. No obstante, precisó que esta posición no significa necesariamente que exista una mayor incidencia de estas conductas en comparación con otras entidades, sino que, según su explicación, responde a las investigaciones y a la presentación de denuncias cuando se identifican elementos para proceder legalmente.
En materia de recuperación de recursos, el secretario informó que se han recuperado cerca de 500 millones de pesos mediante procedimientos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo del patrimonio público. Estas acciones forman parte de las investigaciones que incluyen casos vinculados con la denominada Estafa Siniestra, esquema relacionado con el presunto desvío de recursos públicos en el estado.
Además, la Contraloría reportó la reincorporación de 435 inmuebles al patrimonio estatal, con un valor estimado superior a mil 267 millones de pesos. Según el funcionario, algunas propiedades se encontraban bajo condiciones de uso irregular, mientras que otras fueron recuperadas mediante procedimientos administrativos, incluida la revisión y revocación de determinadas donaciones.
Entre los bienes recuperados se encuentran espacios destinados a programas sociales, centros culturales, parques y jardines, así como un inmueble proyectado para albergar al Tribunal de Justicia Administrativa. La intención, de acuerdo con las autoridades, es que estas propiedades sean utilizadas para actividades que beneficien a la población y fortalezcan los servicios públicos.
El funcionario también destacó la participación ciudadana en la vigilancia de las obras públicas. De acuerdo con las cifras presentadas, en Hidalgo operan alrededor de 10 mil comités de Contraloría Social, integrados por aproximadamente 50 mil ciudadanos que colaboran en la supervisión de proyectos y en la identificación de posibles irregularidades.
Pese a los avances reportados en las denuncias y la recuperación de recursos, las autoridades reconocieron la importancia de mantener las acciones de prevención y fiscalización. Los montos señalados en las investigaciones corresponden a recursos presuntamente involucrados y no representan, por sí mismos, cantidades cuya responsabilidad penal haya sido acreditada judicialmente en todos los casos.
