A cinco años de la despenalización del aborto en Hidalgo, activistas señalan que todavía existen diversas barreras que dificultan el acceso efectivo a la interrupción legal del embarazo, particularmente para mujeres que viven en comunidades alejadas o enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
Entre las principales dificultades identificadas se encuentran la falta de medicamentos en algunas unidades médicas, la objeción de conciencia de personal de salud y los estigmas que aún rodean a las mujeres que solicitan este servicio.
Las organizaciones y colectivas también han señalado que la distancia hacia los centros de atención representa un problema para quienes viven en comunidades rurales o indígenas, pues los traslados pueden implicar gastos y complicaciones adicionales. A esto se suman las dificultades para las mujeres que no hablan español o que requieren atención especializada.
Otro de los obstáculos señalados está relacionado con la atención que reciben las pacientes dentro de los servicios de salud. Activistas han advertido que los cuestionamientos y actitudes discriminatorias pueden convertirse en una forma de presión para quienes ya tomaron la decisión de interrumpir su embarazo.
De acuerdo con información difundida por activistas, en lo que va de 2026 se han iniciado siete carpetas de investigación por el delito de aborto en Hidalgo, pese a que la entidad despenalizó la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación en 2021. Las colectivas solicitaron revisar estos casos para evitar que mujeres sean criminalizadas por ejercer su derecho a decidir.
Las organizaciones también han demandado una mayor difusión de los servicios disponibles, así como garantizar el suministro de medicamentos y las condiciones necesarias para que la atención pueda brindarse de manera segura y gratuita.
El caso de Hidalgo refleja que la modificación de las leyes no necesariamente elimina por sí sola las dificultades para acceder a los servicios de salud reproductiva. En 2026, autoridades y organizaciones continúan señalando la necesidad de fortalecer la infraestructura, información y atención para que el acceso establecido legalmente pueda ejercerse en la práctica.
