Vehículos que alguna vez circularon como parte del mercado ilegal, muchos de ellos de alto valor económico, hoy recorren las calles de Hidalgo con torretas encendidas y placas oficiales. No se trata de una adquisición tradicional ni de una compra con recursos públicos, son unidades aseguradas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) que, tras un proceso judicial de declaratoria de abandono, pasaron a formar parte del patrimonio estatal y fueron habilitadas como patrullas para municipios de la entidad.
Este hecho marca un precedente histórico en la administración pública estatal, pues por primera vez la PGJEH obtuvo una declaratoria judicial de abandono de vehículos a favor del gobierno, permitiendo que bienes vinculados a hechos delictivos se transformen en instrumentos para fortalecer la seguridad ciudadana.
De acuerdo con información oficial, durante el periodo 2024-2025 se emitió declaratoria de abandono sobre 16 vehículos, con un valor conjunto de 7 millones 37 mil pesos, los cuales fueron rehabilitados y entregados como patrullas a distintos municipios de Hidalgo. Estas unidades se suman a un total de 30 vehículos que, en lo que va de la administración, fueron declarados judicialmente abandonados, con un valor estimado de 11 millones 397 mil pesos.
Se trata, en su mayoría, de vehículos de gama media y alta, algunos de ellos asegurados durante investigaciones por robo, delincuencia organizada o hechos relacionados con actividades ilícitas. Tras permanecer bajo resguardo ministerial y no ser reclamados por personas que acreditaran su legítima propiedad, los automotores quedaron sujetos al procedimiento de abandono.
“Es devolverle a la sociedad lo que alguna vez fue producto del delito”, han señalado autoridades estatales al explicar el destino final de estas unidades.
Entre los vehículos asegurados destacan una camioneta Jepp, Nissan estaquitas, Camioneta Kia, Nissan Versa, y Ford PickUp, que fueron entregados a los municipios de Zacualtipán, Tenango de Doria, Tula, Metepec, Atotonilco el Grande, Huehuetla, Ajacuba y San Bartolo Tutotepec.
El proceso para que un vehículo asegurado pase a manos del Estado no es inmediato ni automático. Inicia cuando una unidad es asegurada por la PGJEH durante una investigación penal. A partir de ese momento, el queda bajo resguardo del Ministerio Público y se abre un plazo legal para que el propietario pueda acreditar la propiedad mediante documentos oficiales.
Si transcurre el tiempo establecido por la ley sin que nadie reclame el bien o sin que se logre demostrar la legítima posesión, la Procuraduría solicita ante un juez la declaratoria judicial de abandono. Es el Poder Judicial quien analiza el expediente y, de considerar que se cumplieron los requisitos legales, emite la resolución que transfiere el bien al Estado.
Solo después de esta declaratoria, el vehículo puede ser legalmente utilizado, subastado o asignado a tareas de seguridad pública. En el caso de Hidalgo, la decisión fue reincorporarlos al combate directo a la delincuencia, transformándolos en patrullas municipales.
El uso de vehículos asegurados es solo una parte de una estrategia más amplia contra el robo de automóviles en la entidad. Según informó el encargado del despacho de la PGJEH, Francisco Fernández Hasbun, durante el periodo 2024-2025 se recuperaron mil 974 vehículos, de los cuales mil 140 ya fueron restituidos a sus legítimos propietarios tras acreditar la propiedad.
En lo que va de los tres años de la actual administración, las cifras ascienden a 6 mil 473 vehículos recuperados, con 4 mil 43 restituciones exitosas. El resto permanece en proceso de acreditación o en estatus inidentificable, lo que abre la puerta, en algunos casos, a futuros procedimientos de abandono o extinción de dominio.
Estos resultados coinciden con la tendencia nacional reportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que señala que durante el primer semestre de 2025 el robo de vehículos en Hidalgo disminuyó 13.94 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024.
