Legisladores locales presentaron una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Hidalgo en materia de abuso sexual, con el fin de ampliar la definición del delito, precisar nuevas conductas, establecer agravantes hasta con siete años de prisión y acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres, además de servicio social como medida de no repetición.
Actualmente, el Código Penal contempla únicamente tres párrafos sobre este ilícito. Con la propuesta se incorporarían 12 fracciones adicionales, y se fijarían penas que van de tres a siete años de prisión, multas económicas y la obligación de tomar talleres reeducativos.
De acuerdo con la diputada de la fracción legislativa del partido Morena, Diana Rangel Zúñiga, informó que la propuesta establece que comete abuso sexual quien realice actos de naturaleza sexual sin consentimiento, obligue a la víctima a observarlos o ejecutarlos, o la obligue a exhibir su cuerpo. La pena prevista sería de tres a siete años de prisión.
Planteó agravantes cuando el delito se cometa con violencia, por dos o más personas, en lugares aislados, o cuando exista una relación de poder, confianza o autoridad, como figuras docentes, religiosas, deportivas, laborales, servidoras públicas o profesionistas. También se considera agravante si la víctima está bajo efectos de sustancias, en embarazo o puerperio, o si pertenece a la comunidad LGBTIQ+.
La iniciativa propone duplicar la punibilidad cuando las víctimas sean menores de edad, no tengan capacidad para comprender el hecho o no puedan resistirlo, aun con aparente consentimiento. Además, determina que el delito se perseguirá de oficio.
Precisó que el fortalecimiento del tipo penal también busca cerrar espacios a la impunidad, pues muchas conductas hoy no tipificadas permiten a los agresores evadir sanciones o recibir castigos mínimos.
La legisladora añadió que las medidas reeducativas, además de las penas de prisión, buscan fomentar la no repetición del delito mediante estrategias de cambio cultural, reconociendo que la violencia sexual tiene raíces estructurales que deben atenderse desde la prevención y la transformación de conductas.
Subrayó que esta actualización normativa es un paso fundamental para garantizar que las leyes respondan a la gravedad del abuso sexual y a las necesidades de las víctimas, quienes enfrentan consecuencias físicas, emocionales y sociales que pueden acompañarlas durante años. “La igualdad sustantiva debe reflejarse en hechos y en leyes que realmente protejan”, afirmó.
