La Secretaría de Contraloría de Hidalgo informó que 247 servidores públicos fueron inhabilitados como parte de las acciones emprendidas para sancionar presuntas faltas administrativas y combatir la corrupción en las dependencias estatales. La información fue presentada por el titular de la dependencia, Álvaro Bardales Ramírez, durante su comparecencia ante el Congreso local este miércoles 14 de octubre.
Durante su intervención, el funcionario detalló que, en los últimos cuatro años, la Contraloría emitió 762 resoluciones sancionatorias contra trabajadores de distintas áreas del Poder Ejecutivo. Además de las inhabilitaciones, se aplicaron 317 amonestaciones como parte de las medidas administrativas reportadas.
La dependencia también reportó que presentó 97 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción durante los últimos cuatro años. Estas investigaciones están relacionadas con posibles delitos como peculado, desvío de recursos y contrataciones indebidas; los expedientes continúan en distintas etapas del procedimiento.
En materia de recuperación del patrimonio público, Bardales Ramírez informó que, de aproximadamente 2 mil 400 millones de pesos detectados en irregularidades, se han recuperado cerca de 500 millones. A ello se suma la recuperación de 435 inmuebles, cuyo valor conjunto supera los mil 267 millones de pesos.
El secretario también señaló que 51 expedientes fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa para analizar posibles faltas graves. Entre los asuntos mencionados se encuentra uno relacionado con la construcción del puente atirantado de Hidalgo.
Además, la Contraloría mantiene investigaciones por presunto nepotismo en la Secretaría de Cultura, el Laboratorio Estatal de Salud Pública y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Las revisiones buscan determinar si existieron contrataciones indebidas y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.
Durante la comparecencia ante el Congreso estatal, el funcionario expuso los resultados de las acciones de fiscalización, las sanciones administrativas y los procedimientos iniciados para recuperar recursos públicos. Las cifras forman parte del balance presentado por la dependencia como parte de la rendición de cuentas del gobierno de Hidalgo.
