El Congreso de Hidalgo recibió una iniciativa que busca impedir el acceso a cargos públicos a personas inscritas como deudores alimentarios o con antecedentes de violencia; la propuesta establece nuevos requisitos dentro del servicio público estatal.
La diputada Paloma Barragán Santos, de Morena, presentó el proyecto y el planteamiento contempla reformas a la Constitución local para exigir que aspirantes no cuenten con sentencias por violencia familiar, delitos sexuales o violencia política de género, además de no aparecer en registros de incumplimiento de pensión.
La legisladora indicó que la reforma de 2023 solo limita el acceso a cargos de elección popular y la nueva propuesta incluye empleos, comisiones y funciones dentro de la administración pública; el objetivo consiste en cerrar vacíos legales vigentes.
En el mismo contexto, diputados de Morena y Nueva Alianza Hidalgo propusieron modificar la Ley para la Familia del Estado y el proyecto incorpora como causal de pérdida de patria potestad el ocultamiento de ingresos o la entrega de información falsa para evadir obligaciones alimentarias. La medida se integraría al artículo 243.
Datos del Inegi señalan que tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión y siete de cada diez madres solteras carecen de este ingreso.
Las iniciativas plantean sanciones ante prácticas como traspaso de bienes, registro de empresas a terceros o simulación de bajos recursos para reducir pagos.
