La radiografía oficial del sistema penitenciario en Hidalgo exhibe una realidad incómoda para el gobierno estatal. Carencias graves, rezagos estructurales y una reinserción social que sigue siendo más discurso que hechos, bajo la administración del gobernador Julio Ramón Menchaca Salazar.
Así lo revela el Informe Anual de Centros de Reinserción Social y de Internamiento para Adolescentes 2025, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado. El documento enciende focos rojos sobre un sistema colapsado por la falta de personal, el hacinamiento, los servicios médicos limitados y la infraestructura deteriorada.
En la evaluación nacional, Hidalgo obtuvo una de las calificaciones más bajas del país.
Los peores penales comparten las mismas fallas: deficiencias en salud, mala separación de internos, ausencia de mecanismos para prevenir violaciones a derechos humanos y sanciones sin control adecuado.
La sobrepoblación agrava el problema.
Solo el penal de Pachuca concentra más de dos mil quinientas personas privadas de la libertad.
El hacinamiento, advierte la Comisión, deteriora la salud mental, rompe la convivencia y propicia violencia al interior de los centros.
En varios penales no hay médicos permanentes ni atención especializada para mujeres, pese a embarazos y enfermedades crónicas.
A esto se suma la falta de custodios, turnos extenuantes y áreas de castigo sin supervisión, prácticas que violan estándares mínimos de derechos humanos.
