La Secretaría de Contraloría informó que durante 11 meses de la actual administración estatal se ha cancelado el registro de 80 proveedores por diversas irregularidades, entre éstas falsear información de su domicilio.
De acuerdo con el contralor estatal, Álvaro Bardales, las últimas 12 bajas se dieron la semana pasada, mismos que no podrán celebrar contrataciones públicas durante 5 años.
De estos últimos casos, 10 corresponden a personas morales y 2 a personas físicas, lo anterior, por presentar presuntos domicilios fiscales falsos, tres de ellas coincidentemente en Oaxaca.
Entre las empresas involucradas se identificó a Megaweb, diseño de software, mantenimiento, venta y renta de equipos de cómputo, consumibles y equipo de oficina, S.A. de C.V., originaria del Estado de Oaxaca, constituida en el año 2014.
Esta empresa estuvo como responsable del Programa de Resultados Preliminares (PREP) de los comicios de 2020, para elegir autoridades de 84 ayuntamientos, misma que no entregó la plataforma de difusión de resultados al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH).
Ante esto, para esos comicios la plataforma se sustituye por el programa Preliminares Hidalgo 2020. Este fallo cobró la remoción de dos consejeros.
De acuerdo con la información de la contraloría una de las personas morales que se dio de baja también participó en un procedimiento de contratación con el IEEH para operar el PREP.
Otra empresa dada de baja del padrón de proveedores fue Team Xao, S.A. de C.V., constituida en el año 2020; así como Grupo constructor integral Cardavi, S.A. de C.V., ambas originarias del estado de Oaxaca,
De estos proveedores, se informó que “están presuntamente implicados en la Estafa Siniestra, un esquema de corrupción en la que se encuentran involucradas empresas fachadas con municipios hidalguenses; las personas morales antes descritas son originarias del estado de Oaxaca, así como sus representantes legales”.
La contraloría precisó que las tres empresas citadas “operaron como prestanombres; las compañías fachadas fueron utilizadas para robar el gasto público, maquillar el acto de corrupción, a través de facturación de operaciones simuladas, para no cumplir con sus contribuciones fiscales correspondientes e incurrir en un presunto delito fiscal”.
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